Una traducción jurada permite que un documento oficial emitido en un país sea reconocido en otro. Por ejemplo, un certificado de estudios, un testamento o un contrato. No es una traducción de “mayor calidad”, sino una traducción acompañada de una fe pública. Tampoco le da validez a un documento en otro país, si ese documento no tiene validez oficial previamente en su país de origen.

Para ser aceptadas en España, las traducciones juradas deben ser realizadas por traductores jurados aprobados por el Ministerio de Asuntos Exteriores o por órganos equivalentes de otros países de la UE, aunque en este último caso existe un cierto grado de discrecionalidad; es decir, nos podemos encontrar con que un determinado organismo español rechaza una traducción neerlandés-español realizada por un traductor jurado aprobado por los Países Bajos, con los contratiempos que ello conlleva.

Fuera de la UE, los trámites se complican. Si, por ejemplo, tenemos que hacer una traducción jurada a portugués de un documento para presentarlo en Brasil, no podemos recurrir a un traductor nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español; será preciso hacer la traducción jurada directamente en Brasil o en otro país con el que exista un convenio, como Portugal